Podcast - Government Management in the Energy Sector: A View from the Entities in Control

Inés Elvira Vesga: Buenos días. Esto es "A Lo Legal Con Energía", un nuevo espacio creado por Holland & Knight para discutir sobre actualidad y temas relevantes del sector de energía. Soy Inés Elvira Vega y hoy tengo el gusto de estar con el Dr. Gustavo Adolfo Guerrero, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales Minero, Energéticos y Agrarios, a quien hemos invitado por el rol tan destacado que ha tenido en las múltiples conversaciones que actualmente se adelantan en Colombia desde el sector energético. Bienvenido Dr. Guerrero a este espacio y muchas gracias por su generosidad al aceptar mi invitación.

Gustavo Adolfo Guerrero: Dra. Inés Elvira, un gusto como siempre estar compartiendo espacio con ustedes, con Holland & Knight y a disposición para conversar sobre estos temas tan importantes en la actualidad colombiana.

Inés Elvira Vesga: Muchas gracias, Dr. Guerrero. Bueno, yo quiero empezar preguntándole algo para ilustrar a las personas que nos escuchan, y es ¿qué papel cumple la Procuraduría en la tarea de garantizar que Colombia no pierda la seguridad energética?

Gustavo Adolfo Guerrero: Bueno. La Procuraduría General de la Nación tiene tres misionalidades. Es una entidad que cuando se analiza sobre todo desde regímenes y sistemas legales extranjeros, pues resulta un poco extraña y es un poco difícil de entender. La Procuraduría es un ente que es a la vez representante de la sociedad. Constitucionalmente tiene ese fin, tiene esa misión y en ese sentido cumple dos funciones fundamentales, dos funcionalidades. Una, que es la función preventiva, que busca prevenir la vulneración de derechos y la violación de las obligaciones legales que tienen a su cargo los servidores públicos. Pero también tiene otra función, que es la de intervención judicial, precisamente en representación de la sociedad. La Procuraduría General de la Nación tiene la facultad de intervenir en todos los procesos judiciales en el país, representando los intereses de la sociedad. Y tiene, por supuesto, otra misionalidad que en mi caso no la tengo, que es la misionalidad disciplinaria. La misionalidad disciplinaria es la que le permite, ante el incumplimiento, ya digamos, de los deberes por acción o por omisión de los servidores públicos, pues adelantar una actuación que tiene un carácter sancionatorio, carácter sancionatorio administrativo, muy en discusión por demás en estos días en Colombia. Y lo que busca es son unas medidas de alguna manera correctivas, pero que incluso pueden llegar a despojar de los cargos públicos a los servidores.

En el marco de la seguridad energética, la Procuraduría ha puesto especial atención sobre la política de transición energética, entendiendo que para el Gobierno actual es una carta de navegación importante de su propuesta política. Y en ese sentido, pues incluso la Procuradora General de la Nación, la Dra. Margarita Cabello, dispuso que antes era Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, se convirtiera en Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero, Energéticos y Agrarios, de manera que se lograra integrar la vigilancia a toda esa política sobre la transición energética y la implementación de lo que el gobierno ha llamado la hoja de ruta de la transición. Pero en una perspectiva que es bien especial, la perspectiva es que todos los colombianos tengan acceso efectivamente a las energías que se requieren para satisfacer sus necesidades, su bienestar y el desarrollo económico del país. Y digamos que en eso se ha enfocado la preocupación y el seguimiento, sobre todo preventivo y también ya la intervención judicial administrativa de parte de la Procuraduría.

Inés Elvira Vesga: Por eso es que lo vemos tan activo, porque el tema de la transición está todos los días en las noticias y ya hoy todo el tiempo está hablando la gente de energía.

Gustavo Adolfo Guerrero: Así es. Y sumémosle además otro tema fundamental Dra. Inés Elvira, y es el de la institucionalidad. La Procuraduría también vela por la preservación de la institucionalidad, y la Procuraduría entiende que hay una institucionalidad que se ha construido con sumo rigor, con sumo cuidado técnicamente jurídica y económicamente reconocida a nivel internacional y que no puede ponerse en riesgo. De allí la intervención, por ejemplo, frente a la necesidad de conformar la CREG de manera adecuada y garantizar y preservar los perfiles y el carácter permanente y en propiedad que deben tener los comisionados expertos para tomar buenas decisiones regulatorias, que son las que necesita este país en este momento.

Inés Elvira Vesga: Sí señor. Precisamente con respecto a la institucionalidad, quiero hacerle una pregunta. El actual Gobierno ha indicado en diversos escenarios que el sector eléctrico está en crisis y que es necesario hacer una intervención de fondo. Se ha debatido mucho cuáles son las causas de esa crisis. El Gobierno dice que tuvimos una década perdida por no haber hecho una cantidad de cosas que se debían hacer. Las personas que están hoy en día trabajando en el sector eléctrico uno personas como la Dra. Natalia Gutiérrez, el Dr. Juan Ricardo Ortega, ha manifestado que el problema no es de diseño institucional, sino de tomar las acciones que se requieran en este momento para afrontar la crisis actual. La semana pasada habló de intervenir el gestor del mercado. Se habla también de una reforma al sector de servicios públicos que han preocupado mucho a las empresas. Desde el punto de vista de la Procuraduría, precisamente en su rol preventivo, ¿cuál es la posición?

Gustavo Adolfo Guerrero: Bueno, la Procuraduría tiene una posición (que) es necesario preservar y tomar las decisiones en el marco de la institucionalidad con la que cuenta el país. Es una institucionalidad valiosa. Además, la Procuraduría vela por el cumplimiento de los mandatos legales, pero también de las decisiones judiciales. Y no ha sido una vez, sino ya han sido varias veces en las que las altas cortes le han dicho al Gobierno nacional. Pero es un momentico, porque es que la CREG tiene unas condiciones y tiene una connotación especial y supone como institucionalidad una garantía de autonomía técnica y jurídica en la toma de decisiones regulatorias para la garantía de la prestación de un servicio. Y concretamente, en este caso, de la seguridad energética de todos los colombianos.

Es claro que la Corte Constitucional, por ejemplo, ha reconocido los comisionados de la CREG y la comisión en sí misma no es un agente del Presidente de la República, y Consejo de Estado, en un auto del de la Sección Primera, cuando suspende un decreto en el que el Presidente de la República busca reasumir las funciones delegadas en un planteamiento de la presidencia en la comisión. Pues claramente el Consejo de Estado también le indica al Presidente de la República la recuerda que no todas las funciones realmente son delegadas y que algunas son derivadas de una asignación legal expresa, de manera que no se pueden retomar o reasumir las funciones que no han sido delegadas por el Presidente de la República. Frente a lo cual, pues la Procuraduría ha buscado que se preserve de un lado la conformación de la comisión. Hemos visto con preocupación que en los momentos más críticos, precisamente la comisión se ha quedado sin quórum. Por ejemplo, el año pasado, por allá por entre los meses de octubre y noviembre, si mal no recuerdo, la Comisión tuvo un buen, un buen periodo sin, sin quórum. A inicios de este año también tuvo unos buenos meses, unos dos, tres meses, sin quórum, lo que llevó al Gobierno Nacional a plantear, igual la regulación se está adoptando, pero lo que la Procuraduría ha advertido es que no se trata de que en ausencia de quórum de quien tiene la función legal de formular la regulación, pues entonces la asuma la cabeza del sector, porque no está diseñado de esa manera el sistema y pues en materia administrativa no aplica eso de quien puede, lo más puede lo menos, sino que hay un principio de legalidad de la función pública y es en lo que se ha esforzado la Procuraduría por ser enfática.

En este momento nosotros incluso tuvimos que llegar al punto de la intervención judicial, coadyuvando precisamente una acción de cumplimiento en procura de que se conforme la CREG con los seis expertos comisionados. Y además nosotros emprendimos un incidente de desacato precisamente frente al incumplimiento de los términos le impartió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que luego confirmó el Consejo de Estado al Presidente de la República para conformar la CRE. Preocupa mucho que además se designen comisionados, que pareciera conociéndose que no cumplen con los requisitos, pues aun así se designan para que luego entonces el Consejo de Estado termine por la vía de las nulidades, declarando las nulidades de esos procesos de selección, de esos procesos de elección. Esperamos que no se, de alguna manera que no haya una, una crisis institucional del sector de esta manera propiciada, y que si hay unos planteamientos en torno a la reforma necesaria de la Ley de Servicios Públicos de las leyes y las normas del sector eléctrico, pues que estas sean debatidas con rigor y poniendo todos los puntos de vista que convengan a todos los colombianos y a todos los actores del sistema.

Inés Elvira Vesga: Sí, por supuesto. Digamos valorar el buen diseño institucional que tenemos, pero adaptarlo a las a las necesidades de hoy.

Gustavo Adolfo Guerrero: Así es.

Inés Elvira Vesga: Procurador, una pregunta, en los episodios anteriores de nuestro podcast, nuestros invitados han analizado la situación del sector energético y no solamente la del sector eléctrico, sino también hemos hablado de exploración, explotación de gas y petróleo, y la actividad minera. Y de esas conversaciones lo que se puede concluir es que en Colombia nos anticipamos a tomar decisiones en materia de energía para favorecer la conversación sobre el cambio climático sin que las condiciones estuviesen dadas para garantizar una transición justa. Eso es lo que yo concluyo de oír nuevamente los podcasts que hemos grabado antes con el Dr. Amylkar Acosta y Dr. Juan Camilo Nariño. ¿Qué opinión le merece a usted esa conclusión?

Gustavo Adolfo Guerrero: Yo comparto la conclusión con una anotación, digamos con una precisión a mi modo de ver, y es que, claro, la transición hay que emprenderla, pero hay que emprender una transición colombiana, efectivamente. Digamos necesitamos una hoja de ruta colombiana que atienda las necesidades del país, pero no solo de las necesidades, sino de los aportes reales. Y en ese sentido de los aportes, digamos, en términos de gases de efecto invernadero.

¿Qué es lo que aporta Colombia realmente al calentamiento global? Colombia lo que aporta principalmente, fundamentalmente, es transformación de uso del suelo en suelos, particularmente con coberturas vegetales que se transforman, que pierden esas coberturas boscosas y emiten entonces a la atmósfera CO2. Ese realmente es el aporte fundamental de Colombia y el más preocupante, y es el que aportamos los países amazónicos. De manera que, digamos, en reducir la producción y el uso de combustibles fósiles termina teniendo un significado residual prácticamente en términos de reducción del calentamiento global y de los gases de efecto invernadero. Pero si termina poniendo en riesgo la seguridad energética de los colombianos. Y ahí uno de los elementos que nosotros hemos identificado es que no hay manera en Colombia de hacer una transición si no es con diversificación de esa matriz energética que garantiza esa seguridad para todos los colombianos y que hoy tenemos unos aportes fundamentales e indiscutibles de la industria de los combustibles fósiles que no solamente implican ingresos para el país desde el punto de vista económico y para los inversionistas, sino además que suponen una inversión social de la cual no podemos en muchas regiones del país privarnos.

Lo que hoy, por ejemplo, se debate y se discute en el área, en el territorio en el cual, operaba la mina de prodeco, digamos, toda la operación de prodeco, pues es un ejemplo claro de los retos que al país se le vienen cuando desaparecen este tipo de proyectos. Pero además, lo que vienen sucediendo con los dos pozos que tanto se han discutido en estos días en medios de comunicación, sobre todo el pozo ocho a dos, con una decisión judicial que suspende los trabajos, termina mostrándonos que tiene el gas sin el carbón, en un sistema que depende altamente frente a fenómenos climáticos extremos de la oferta térmica. Pues tenemos una vulnerabilidad muy grande sin contar con estos combustibles.

Le escuché, por ejemplo a, a Francisco Lloreda recientemente en un panel que, que tuve el honor de compartir con él, decir algo que me pareció que es muy incorrecto, digamos, y es que no podemos pensar en que el gas es un combustible de transición, es decir, que va de salida. El gas es un combustible que seguramente se va a tener que quedar combinado con las energías no convencionales, con las energías renovables. De tal suerte que es necesario pensar más bien en mecanismos de diversificación de esa matriz que permitan una sólida entrada de las fuentes de energías limpias que no están garantizando firmeza, porque pues no tenemos esa permanencia, esa constancia en la oferta de esas de la capacidad de esas fuentes que no están contando además con la infraestructura de transmisión y de distribución requerida para poder entrar. Y para nosotros hay una condición de la transición energética justa. Cuando se habla de justicia, y es que tiene que ser coherente, y es que tenemos que garantizar la consistencia en la toma de las decisiones de política pública. Pensando particularmente en el derecho de esos colombianos a los que la Procuraduría representa, que es toda la sociedad en su conjunto.

Inés Elvira Vesga: Pues es que es paradójico que precisamente en este gobierno y en esta época, en este momento, se haya tenido que activar el mecanismo de sostenimiento de la confiabilidad del sistema eléctrico. Para los que nos escuchan, lo que significa en realidad desactivar la generación térmica para que haya confiabilidad en el sistema. Eso creo yo, es una señal muy evidente de que no podemos estar solamente confiando en una capacidad de generación renovable que hoy en día no tenemos y que en el futuro tampoco será confiable, por lo menos con la tecnología actual.

Gustavo Adolfo Guerrero: Así es, es correcto. Pero es que además lo que uno percibe es que el país se embarca además y de vez en cuando no se embarca en ello las declaraciones del Gobierno Nacional en unos debates y en las discusiones que no tienen lugar. La Procuradora General ha reiterado, en varios espacios, ha advertido que estamos al portas de una crisis energética. Y la última vez que ella lo mencionó, señaló, ya estamos en una crisis energética y el debate, en lugar de ver cómo se afrontan esas circunstancias, es si, si estamos o no estamos en una crisis energética.

Entonces lo que uno dice es pues concentrémonos más bien en, en juntar, en sentar a todos los actores para pensarnos qué tenemos que hacer. Desconocer la relevancia y la importancia de las térmicas, pues sin lugar a dudas nos lleva a tomar unas decisiones erradas y equivocadas o a generar unas expectativas que además terminan siendo negativas para los inversionistas y para los costos de financiación en términos generales. Por ejemplo, el planteamiento que yo escuché en algún espacio, algún foro en el que tuvimos la oportunidad de participar durante el primer semestre de este año, a propósito de lo que venía sucediendo con el fenómeno del niño, en el que se decía la próxima temporada seca, el próximo fenómeno climático extremo del niño que nos va a implicar escasez de agua y por ende unos bajos niveles en los embalses, pues nos tiene que necesariamente conducir a que eh las térmicas no sean las que entren, sino que lo que entre sean las energías renovables. Pues, digamos que piensa uno termina siendo iluso un escenario de esos plantearlo siquiera. Y está probado con precisamente lo que usted señala, Dra. Inés Elvira, la reciente activación de ese mecanismo de ese estatuto que básicamente a lo que nos lleva es a medidas tendientes a que se estimule el uso de la energía térmica y a que preservemos, en la medida de lo posible, en los niveles de las de los embalses para que puedan tener unos niveles de recuperación importantes. Entonces, claro, esa es una evidencia y un indicador de que definitivamente sí estamos entrando en una situación de crisis o de emergencia energética.

Inés Elvira Vesga: También se habla como sobre seguir la tendencia del mundo, pero es que si uno se pone a mirar Europa, por ejemplo, que ha sido líder en el desarrollo de los renovables. Europa tiene unas razones geopolíticas muy importantes para apostarle a los renovables y es no quiere depender del gas de Rusia. Y si uno revisa los documentos de política de la Unión Europea, digamos el Power 55, ese tipo de documentos donde se dice el objetivo es el reemplazo completo hacia renovables. Pero también hay que leer el documento completo donde explican la motivación, y la motivación es no vamos a depender de la ruso. Es que Europa no tiene gas, pero nosotros sí.

Gustavo Adolfo Guerrero: Exactamente sí.

Inés Elvira Vesga: Entonces, seguir la tendencia internacional no tiene sentido cuando las motivaciones de las tendencias internacionales son completamente distintas a las nuestras. De acuerdo. Otra pregunta, Dr. Guerrero, en los debates sobre el sistema de, de transición y también cuando se habla de la necesidad de que entre los nuevos proyectos de generación acaban en evidencia que el grave atraso de los proyectos tiene mucho que ver con la oposición de las comunidades al desarrollo de los mismos. O sea, la gente quiere tener el servicio pero no quiere que se lo construyan en su precio. ¿Cómo conciliar el interés general en el desarrollo de estos proyectos y la protección de los derechos de las comunidades?

Gustavo Adolfo Guerrero: Yo creo que lo primero que hay que señalar es que hay unos mecanismos ya reglados de participación. Lo que no podemos es empezar a dar curso a, digamos, unos mecanismos informales de participación, pero sobre todo de incidencia, porque finalmente yo no puedo privar a la gente de expresar lo que cree sus preocupaciones. Pero sí es preocupante que, digamos, ello empiece a tener incidencia. Que ello empiece a tener incidencia por los caminos o por los canales que no son los previstos para tal fin. ¿Por qué razón? Además, porque es que en últimas, las decisiones sobre la realización de un proyecto, en últimas, tienen que estar basadas también en la ciencia. Y tienen que estar basadas en la técnica, y tienen que estar basadas en el conocimiento. Y a veces pareciera que se quiere privar a autoridades de sociedad de la toma de decisiones sobre la realización de proyectos y el análisis de sus impactos, se quisiera privar del conocimiento a este proceso administrativo.

Ejemplos muchos hay, y particularmente el, por ejemplo, el indebido e inadecuado uso del principio de precaución del que se abusa tanto y del que nosotros hemos dicho que es una — lo han se ha convertido como en una suerte de caucho que se estira y se encoge a discreción y conveniencia del operador jurídico de turno, pues dio lugar a que la Procuraduría emitiera una circular el año pasado, la Circular 15, sobre la distinción en los criterios de aplicación y los requisitos de aplicación de los principios de precaución y de prevención. En la que el mensaje fundamental y claro es que la regla general es el principio de prevención, es decir, decisiones basadas en la toma de informe de información técnica y científica en el recaudo de información que es posible obtener, pero sin embargo se toman — y el principio de precaución como un principio excepcional. Sin embargo, se vienen tomando decisiones amparadas en la mera enunciación del principio de precaución, por ejemplo, que dan lugar a suspensión de trámites y de proyectos, aún incluso contrariando el marco jurídico que los tiene regulados. Lo que ha sucedido con la suspensión del trámite de la licencia ambiental del pozo Komodo es uno de los buenos ejemplos que podríamos citar de tales circunstancias. O el borrador de Decreto 0 — o el borrador no ya del Decreto 044 — que el Gobierno Nacional emitió para la declaratoria de reserva de recursos naturales, aún sin contar con información técnica requerida para esas declaratorias o constitución de esas reservas, pues da cuenta de ello. Preocupa, por ejemplo, en el caso de la Sabana de Bogotá, planteamientos y preocupaciones como el hecho de que se pretenda que las líneas de distribución vayan subterranisadas cuando el impacto ambiental es mucho más grande en una región como la sabana de Bogotá, por unos suelos con las características que tienen, con una relación directa entre la superficie y los cuerpos de agua subterráneos que se plantea en la súper enunciación.

Nosotros vivimos a diario, por ejemplo, la situación, padecemos a diario lo que sucede con los, los sitios de disposición de residuos sólidos. Nadie quiere un relleno sanitario al lado de su casa, al lado de su finca, pero hay sitios identificados que tienen condiciones técnicas y que pues por las razones de utilidad pública, implican la el desarrollo del proyecto en estas lugares. En la medida en que hay que garantizar un principio que es básico constitucional la prevalencia del interés general sobre el interés particular.

Inés Elvira Vesga: Me gustó mucho lo del aplauso metros. Me voy a robar esa idea para escribir algo porque creo que es un mal de, de nuestro tiempo. Dr. Guerrero. Para terminar, desde la Procuraduría en su rol de vigilancia, digamos, de la función pública, ¿qué acciones se han identificado como prioritarias para acelerar la entrada en operación de los proyectos?

Gustavo Adolfo Guerrero: Bueno, nosotros creemos que hay que tomar decisiones, hay que tomar ante todo, decisiones regulatorias, urgentes. Y decisiones regulatorias implica, ello supone, que requerimos que realmente haya adopción de medidas que incentiven la celeridad de los trámites, la simplificación de los trámites, pero también el estímulo para que haya apuestas para solventar conflictividades socioambientales, por ejemplo. Y también para garantizar o dar señales y parte de tranquilidad a los inversionistas y a los financiadores.

Es claro que la ausencia de señales coherentes, consistentes, por ejemplo para la banca multilateral, pues implica, por supuesto, que haya una mayor dificultad en obtener recursos para financiar este tipo de proyectos. Creemos que es necesario garantizar la consistencia y coherencia entre los esfuerzos del sector minas y energía con el sector ambiente porque a veces lo percibimos. Sé que esto no gusta en ambos sectores que lo digamos, especialmente en ambiente, pero pareciera que no se hablaron y pareciera que fueran en contravía incluso, y que hubiera una tensión permanente en términos de los intereses que garantizar.

Entonces no puede haber un sector minas y energía que plantee, "Yo solamente defiendo la garantía de la seguridad energética sin consideración alguna a los impactos ambientales que pueda ocasionar." Pero a la vez no puede ser que el sector ambiente piense exclusivamente en unos riesgos ambientales, que en la mayoría de casos en este tipo de proyectos son agenciado es a través de estudios de impacto ambiental sin consideración alguna seguridad energética de los colombianos. Es importante revisar en lo que haya que revisar, los estándares técnicos de los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, para el trámite de las licencias ambientales y de los permisos ambientales. Porque lo que nos da cuenta el sector ambiente permanentemente es que hay una baja calidad a veces en los estudios de impacto ambiental. Hemos convocado mesas, hemos logrado como Procuraduría avanzar en destrabar proyectos por todo el país, con todas las corporaciones autónomas regionales y con la ANDA también. Pero además creemos que es necesario hacer una apuesta de fondo arriesgada, estructural, para generar mecanismos que de centrado en y que faciliten el desarrollo de proyectos.

Ya sucedió en su momento con la Ley de Infraestructura, cuando, por ejemplo, en materia de licenciamiento ambiental se creó un instrumento concreto y particular para el sector que fue el paga el plan de adaptación a una guía ambiental sectorial que permitió estimular el desarrollo de proyectos de una manera mucho más con mayor celeridad. Creemos que en este caso también podría suceder. Hay que repensarnos el tema de las sustracciones para este tipo de proyectos, que son sobre todo los de distribución y transmisión, que son proyectos de utilidad pública, beneficio social y bajo impacto ambiental en la que nos pensemos condiciones bajo las cuales no se ha requerido adelantar procesos de sustracción. Las sustracciones se están convirtiendo en cuellos de botella para el desarrollo de proyectos y particularmente en el caso de la sabana de Bogotá, está siendo crítico. Y pues también creemos que hay que buscar mecanismos que estimulen la coexistencia y la inversión conjunta en proyectos de energías convencionales de exploración y producción de hidrocarburos, a la par que se desarrollan proyectos de energías limpias. Y allí podría pensarse en el diseño de contratos, modalidades de contratación que permitan estimular e incentivar desde el punto de vista económico de la entrada en producción de iniciativas que combinen la exploración de hidrocarburos o la exploración también de carbón térmico, con proyectos o con iniciativas de generación de energías limpias que no sean simplemente diseñados para el autoabastecimiento. De manera que, pues creemos que hay muchas posibilidades.

Estamos trabajando, de hecho, en un informe preventivo sobre transición energética, sobre la política de transición energética. Creemos que hay que responder con unos retos importantes. Esperamos dejar antes de irnos, en antes de estos tres meses que nos quedan en ese informe de transición energética y pues básicamente el mensaje es de acuerdo a las cifras de la propia en un escenario medio, es decir, sin alterar de manera alguna toda la, la balanza en económica del país, vamos a estar viviendo de aquí a 2037 un escenario de crecimiento de la demanda energética del 3.1 por ciento. Y a eso necesitamos responder. Y creemos que un Estado robusto, con una institucionalidad que es una oportunidad, tiene todas las posibilidades de hacerlo sin necesidad de generar crisis y situaciones de desabastecimiento que serían muy graves.

Inés Elvira Vesga: Pues Dr. Guerrero ha sido un gusto tenerlo en este podcast. Ojalá pudiéramos conversar nuevamente más adelante y ojalá digamos, el cambio en la Procuraduría que se avecina, pues no implique la modificación en una línea, digamos, tan crítica y tan, tan interesante como la que han logrado construir ustedes en el sector ambiental y minero energético. Porque necesitamos es esto, ¿no? Conversaciones informadas, sin apasionamientos, llamando la atención sobre los temas sobre los que hay que llamar la atención y despolitizada.

Gustavo Adolfo Guerrero: Así es. Esperamos que así sea. Ha sido un gusto, Dra. Inés Elvira, y espero poderme encontrar con ustedes nuevamente en un futuro.

Inés Elvira Vesga: Por supuesto que sí. Muchas gracias.

Gustavo Adolfo Guerrero: Gracias. Feliz día.